¿Un nuevo autoritarismo en América Latina? A propósito de la pretendida reforma al Poder Judicial de la Federación en México.

 

Por Alba Nidia Morin Flores

En febrero de este año, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, presentó al Congreso de la Unión veinte iniciativas de modificaciones de ley entre las que se encuentra la tan debatida reforma al Poder Judicial de la Federación. Dicho proyecto pretende tanto la reducción del número de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 11 a 9, la creación de un Tribunal de disciplina, además de contemplar la elección de designación de magistrados, ministros y jueces mediante voto popular.

La polémica iniciativa ha despertado en la sociedad opiniones polarizadas, pues por una parte están aquellos que simpatizan con dichas propuestas al señalar el descomunal abismo en los ingresos entre un trabajador promedio y un miembro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tantos otros que advierten en dicha reforma un retroceso democrático y un atentado contra la separación de poderes. De manera que, tanto juristas como jueces, magistrados y ministros ya se han manifestado en contra de dichas iniciativas.

De entre todas las iniciativas propuestas por el Ejecutivo, la que más causa indignación es precisamente la posibilidad de someter al escrutinio popular la designación de magistrados, ministros y jueces, pues ante la integración mayoritaria morenista en la Cámara de Diputados y casi en la de Senadores se visualiza un panorama tendencioso.

Ante dicho escenario, apreciable lector, llegan a mi mente algunas imágenes de las novelas de la dictadura, en especial La fiesta del Chivo, donde las leyes jugaron un papel esencial en el establecimiento de esta. Mediante el personaje de Henry Chirinos, el Constitucionalista encargado de llevar a cabo la redacción de las enmiendas, Vargas Llosa advierte cómo la función de aquél era dar fuerza legal a las órdenes del dictador:

 “Había redactado, también, las principales leyes orgánicas y ordinarias, y sido ponente de casi todas las decisiones legales adoptadas por el Congreso para legitimar las necesidades del régimen. Nadie como él para dar…fuerza jurídica a las más arbitrarias decisiones del Ejecutivo, o para rebatir, con demoledora lógica, toda propuesta que Trujillo desaprobara.” (Vargas, 2019, p. 152).

De la interpretación de la realidad actual frente a la lectura de novelas que nos advierten la dificultad para mantener las democracias en el continente me surge una pregunta, apreciable lector, ¿estaremos ante el principio de un nuevo autoritarismo en la región disfrazado de democracia? Júzguelo usted mismo.