Corrupción y administración de justicia: Análisis de “Abril rojo” de Santiago Roncagliolo (1975)

 Por Pavlov Valdivia Reynoso  

El fiscal Chacaltana puso el punto final con una mueca de duda en los labios. Volvió a leerlo, borró una tilde y agregó una coma con tinta negra. Ahora sí. Era un buen informe. Seguía todos los procedimientos reglamentarios, elegía sus verbos con precisión y no caía en la chúcara adjetivación habitual de los textos legales. Evitaba las palabras con ñ —porque su Olivetti del 75 había perdido la ñ— pero conocía suficientes palabras para no necesitarla. Podía escribir «cónyuge» en lugar de «señor esposo», o «amanecer» en lugar de «mañana». Se repitió satisfecho que, en su corazón de hombre de leyes, había un poeta pugnando por salir… Cap. 1, pág. 14

La novela del escritor peruano nos sitúa en un Ayacucho (ciudad serrana del sur del Perú) marcado por la violencia y la huella de las acciones del grupo terrorista Sendero Luminoso en la década de los 80s. No en vano, la acción tiene lugar en aquella ciudad, lugar donde surgieron las actividades senderistas por aquel entonces. La obra nos muestra la otra cara del país y presenta un tema conflictivo, el de la corrupción política, desde el ámbito de una novela negra.

La historia relata las peripecias de un fiscal peruano atípico llamado Félix Chacaltana que investiga en su momento, como parte de sus deberes fiscales, una serie de asesinatos provocados por Sendero Luminoso o el Ejército Peruano que sancionaba y ejecutaba terroristas y supuestos terroristas sin procedimiento judicial en Ayacucho, Perú. Su particular actitud frente a estos abusos cautiva, pues él es un celoso de sus deberes legales, entabla las indagaciones y redacta los informes respectivos con un atildamiento rayano en el ridículo. «Un pez que nada contra la corriente», es la frase que lo define.

El problema de la credibilidad y la corrupción en el Perú y en muchos países de América Latina desde Mexico a la Patagonia se parecen mucho más de lo que podemos imaginar, pues para nadie es un secreto que la vocación del Ministerio Publico siempre ha estado en entredicho y no solo esta sino la de Jueces y Magistrados además de abogados que vinculados o no con la corrupción y la dudosa calidad de sus resoluciones contribuyen a que nuestra justicia sea lenta, insegura y nunca justa. Desde los casos recientemente vinculados con Odebrecht que salpicaron a una catorcena de países latinoamericanos y diversos personajes políticos que van desde presidentes, ministros, empresarios etc. en el Perú.

La vocación jurídica no solo del fiscal no solo como acusador sino hombre de leyes debe ir más allá no solo del mero cumplimiento de la norma sino de una firme discreción de juicio durante los procesos penales sino lo que señalaba el viejo adagio español  El que hace justicia ha de perder toda malicia. La interpretación de las leyes exige el camino recto y no el de los sofismas. Luego entonces la intención y el deseo de ser justo debe provenir de una mente limpia y un corazón noble, además del conocimiento de la Ley no solo de la norma per se sino del espíritu de ella.